PATRIMONIO PROTEGIDO

La Ley 41/2003 de Protección Patrimonial de las personas  con discapacidad, pretende la creación de  una categoría  de patrimonio especialmente protegido y con destino específico la protección de la persona con discapacidad. Decimos que es especialmente protegido por dos razones:

a) Por cuanto tiene una serie de exenciones, beneficios, deducciones y reducciones en los impuestos  de la renta de las personas físicas, sociedades, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

b) También porque su administración está supervisada por  el Ministerio Fiscal con el fin de mantener la productividad del mismo  y el adecuado destino de la persona con discapacidad cuando esta no tiene suficiente capacidad para gobernarse a sí misma.

Me ocuparé principalmente del análisis de la primera de las razones, sin entrar a fondo en la perspectiva civil.

No obstante,  con carácter  previo deberíamos definir qué se entiende por patrimonio protegido para conocer  la  naturaleza del objeto de este análisis. Siguiendo a Joaquín María Rivera  Álvarez, puede entenderse como aquel patrimonio constituido con aportaciones a título gratuito de bienes y derechos  a favor  de la persona discapacitada, que tiene por finalidad la satisfacción  de sus necesidades vitales,  para  lo  cual  tiene un régimen particular de administración y supervisión. Es por tanto una masa patrimonial separada e independiente  del resto del patrimonio personal de la persona discapacitada, carente de personalidad jurídica.

La constitución podrá realizarse por  el propio discapacitado, si goza de  capacidad de obrar  suficiente, por  sus padres, tutores o cuidadores, si  carece de capacidad de obrar, o incluso por un tercero con ciertos requisitos, debiendo instrumentarse en documento público o, en su caso, en resolución judicial, que necesariamente contendrá la relación completa de  bienes  y derechos que inicialmente integran dicho patrimonio.

Es importante señalar que la aportación ha de ser  gratuita, lo que determina su  naturaleza jurídica  como  donación, si  es realizada “inter vivos”. Y es  aquí donde se  produce la mayor carencia en su  regulación, desde el punto de vista de su  finalidad, ya que entre la diversa normativa modificada no se ha tocado la  correspondiente  al Impuesto  sobre  Sucesiones y Donaciones,  en  donde  prácticamente no existe  ningún beneficio  fiscal  en el caso  de donaciones a discapacitados  lo que provoca,  como  ya veremos, disfunciones  que  traen como consecuencia que parte del ahorro fiscal  que se pretendía obtuvieran los contribuyentes que  realizan estas aportaciones  se desvíe hacia  las  Comunidades Autónomas. Tendrán  que ser estas,  a través  de  su  capacidad para regular  en su respectivo territorio las reducciones de la  base imponible  que puedan afectar a las donaciones,  o el  propio  Estado,  que mantiene competencia en  la materia, las que completen la  regulación en  su  conjunto  para  evitar  estas distorsiones.

Extinción del patrimonio protegido

El artículo 6 de la Ley  41/2003 contempla dos supuestos específicos de  extinción:

a) La muerte o declaración de  fallecimiento de su beneficiario,  que supondrá que  dicho patrimonio, en cuanto  sea posible, se integrará en la herencia del mismo, salvo que el aportante haya fijado otro destino, como la reversión a él mismo o  sus herederos, por ejemplo.

b) Que la persona beneficiaria pierda la  condición de tal, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.  En  todo caso, si  nada ha dicho el aportante,  seguirá siendo titular de los bienes y derechos el anterior beneficiario conforme a las normas

El problema es que la Ley de protección patrimonial no se  pronuncia expresamente sobre las consecuencias tributarias de la posible reversión al aportante de los bienes  y  derechos donados  al  titular  del patrimonio protegido cuando se produce la extinción de éste. Habrá que acudir, por tanto,  a la normativa general. En el caso de las personas jurídicas, y de conformidad con el artículo 15 del Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades, puede defenderse que  los elementos patrimoniales recibidos nuevamente en el activo empresarial se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades por  su valor de mercado. En el caso de las personas físicas, es posible sostener  que al revertir  a su patrimonio bienes o derechos recibidos a título gratuito, se estaría realizando el hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Obligaciones formales 

El justificante fundamental a la hora de acreditar las aportaciones que se hagan a  un  Patrimonio Protegido, consistirá  en  el  documento público  a que se refiere el artículo 3.3 de la Ley 41/2003: es  decir la escritura pública ante notario en la que figurará, entre otras cuestiones, la relación de  bienes  y derechos que inicialmente constituyan  el  patrimonio protegido. Esto conlleva, de  acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de  dicha Ley,  que cuando el dominio de un inmueble o de  un  derecho  real sobre el mismo se integre en un patrimonio protegido, se hará constar  esta  cualidad en el Registro  de  la  Propiedad;  lo mismo  ocurre con los restantes bienes que tengan el  carácter de registrables o con las participaciones en fondos de inversión o instituciones de inversión colectiva, en los que el notario autorizante debe  comunicar  a  la  gestora  de los mismos la mencionada cualidad. Esto se complementa  con lo señalado en la disposición  adicional  decimotercera del Texto Refundido en su apartado 5, donde establece la  obligatoriedad de que las personas que intervengan en  la formalización de las aportaciones a PPs, deberán presentar una declaración de las citadas aportaciones en los términos que  reglamentariamente se establezcan.

Ahora  bien, esto permitirá determinar  qué bienes  y derechos se  han aportado en el momento inicial, pero no aportaciones sucesivas que no tienen por qué ser  elevadas en  cada momento a una escritura pública; me refiero,  por ejemplo, a una Plan de Jubilación, con aportaciones periódicas, mensuales o anuales, que por estar afecto a un PP dan derecho a reducción en base imponible, u otro  tipo de productos  financieros como compras de sellos en el Forum Filatélico en virtud de un contrato inicial. Para justificación y control, el artículo 106 del Texto Refundido de IRPF, también en  su apartado 5, establece que los contribuyentes titulares del PP  deberán presentar  una declaración en  la que se indique la composición del patrimonio, las aportaciones recibidas y  las disposiciones realizadas  durante el periodo impositivo en los términos  que reglamentariamente se establezcan. Se utiliza para ello el modelo 182, de la AG. Tributaria.

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